La Procuraduría General de la Nación suscribió otrosí al Convenio Interinstitucional de Cooperación, que busca gestionar la recuperación de los bienes de uso público “indebidamente ocupados” en los espacios marino costeros del país.

La suscripción se dio durante un evento en el que hizo presencia la Dirección General Marítima (Dimar), la Comisión Colombiana del Océano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

“La Procuraduría velará por el derecho colectivo a gozar de los bienes de uso público, garantizando los derechos fundamentales de las comunidades residentes en zonas de litoral”, afirmó el viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch.

Lo anterior, fue asignado a la Procuraduría en el documento ‘Conpes 3990 de 2020 Colombia potencia bioceánica sostenible 2030’.  

La entidad mostró alarmantes cifras de la ocupación indebida de los bienes de uso público con viviendas construidas sobre pilotes de madera en zonas de litoral, conocidos como ‘palafitos’.

Dicha zona conlleva no solo a la “vulneración del derecho colectivo a su uso, goce y disfrute”, sino que “ha puesto en riesgo a las familias que allí residen”.

Esto, por su “enorme exposición a fenómenos naturales, como tsunamis o sismos de importante magnitud”.

Según la Dimar, a junio de 2021 se registraron 31.238 ocupaciones ilegales en espacios con características técnicas de playas marítimas y terrenos de bajamar.

Asimismo, la Dimar señaló que tres distritos presentaron cifras elevadas de ocupación ilegal siendo: Tumaco con 12.953, Buenaventura con 11.311 y Cartagena con 3.600. 

“Esta ocupación irregular viene creciendo, pues en 2014 se había reportado un total de 29.101 casos; evidenciándose un incremento de 2.137 en un lapso de siete años”, afirmó.

*Con información de la Procuraduría General de la Nación